Vigilantes privados patrullarán la ciudad

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Gerard.- La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado, con los votos de PP, CiU y PNV, la Ley de Seguridad Privada, que introduce algunas novedades como la posibilidad de que los vigilantes privados puedan identificar, cachear y detener a personas en la vía pública ante flagrante delito, y no sólo en el lugar donde trabajan como reflejaba la anterior Ley del año 1992.

Parece sorprendente como un agente privado podría llevar a cabo funciones de la seguridad pública, si los ciudadanos ya nos sentíamos desprotegidos ante el abuso de poder de los policías, saltándose la legalidad cuando les da la gana o cuando se lo ordenan sus superiores, extralimitando sus funciones, y con ello mermando nuestros derechos, pues ahora, con esta nueva iniciativa nos podríamos sentir aún más desprotegidos, ya que estos mismos abusos los podríamos sufrir también por parte de un personal aún menos cualificado.

No se entiende por qué el Gobierno está tramitando esta ley, cuando los policías están haciendo muy bien el papel que a ellos los interesa, el cual consiste en defenderlos a ellos de nosotros, y no de defender a los ciudadanos como mucha gente piensa. Tampoco se entiende la necesidad de esta Ley debido a que España, por un lado, es el país de la Unión Europea con más policías por habitante, y por otro, posee los niveles más bajos de delincuencia en Europa. No creo que el ahorro de dinero sea un motivo real, ya que el secretario general de la Unión Federal de Policía, Javier Arrillaga, ha afirmado que la seguridad privada es más cara que la pública (en concreto se refería a los centros penitenciarios, pero supongo que se podría extrapolar).

Tal vez lo que se pretenda es conseguir un cuerpo de seguridad que acepte las funciones que les encomiendan sin rechistar, y en caso de que alguno se niegue a realizar algo que no le parece bien (porque no todos tienen porque carecer de principios morales) pues se le despediría  y punto. Me pregunto si con esta Ley no se pierde el monopolio de la fuerza legítima por parte de las instituciones estatales, si esas empresas tienen o tendrán alguna relación económica con los políticos que están gobernado ahora, y si es así, ¿están anteponiendo sus beneficios económicos a las garantías de los ciudadanos?, ¿Estamos ante el inicio de la privatización del sector? En cualquier caso parece previsible que con estas medidas la calidad de estos servicios se vea reducida. Ante este intrusismo también cabe preguntarse si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (las tradicionales me refiero) van a responder de alguna manera a ello.

 

 

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