Unos 600 trabajadores pueden ser despedidos en Alcorcón en los próximos meses

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Otro conflicto por despidos enfrenta a los trabajadores del Ayuntamiento y el alcalde. Esta vez ya no sólo afectan al personal temporal: el año pasado 59 trabajadores fueron despedidos y de los cuales 3 no aparecían en los presupuestos locales de 2013.  En lo que va de año son ya 19. En caso de prosperar los planes de David Pérez, el Ayuntamiento podría despedir a unos 600 trabajadores que han superado una oposición, 600 funcionarios que pueden verse afectados por la privatización de los servicios que ofrecen a la ciudad. Pérez alega que dichos funcionarios han sido contratados ilegalmente, que no han superado oposición. No obstante, el Secretario de la sección sindical de CCOO, Luis Muñoz, desmiente la versión del alcalde.

El acuerdo de funcionarización realizado por Enrique Cascallana, según Muñoz, sirvió para regularizar la situación de los funcionarios. Antes de este acuerdo, los trabajadores eran personal fijo. Es decir, no pertenecían a la plantilla de personal funcionario ni a la de eventual, pero habían logrado su plaza por oposición.  El acuerdo, que se ha realizado con éxito en otros Ayuntamientos gobernados por el PP como el de Madrid o Alcobendas, permitió que los trabajadores fijos pasaran a ser funcionarios. El ex alcalde socialista hizo esta serie de cambios en su estatus para darles una mayor seguridad y estabilidad a sus puestos de trabajo, para que permanecieran intactos frente a los gobiernos venideros, explica Muñoz. Una clara medida electoralista que el propio Secretario del sindicato de CCOO en Alcorcón reconoce, pero que salvaguardaba el empleo de los trabajadores

David Pérez alega que este proceso se hizo de manera irregular. Afirma que el exalcalde socialista contrató a trabajadores que eran de su círculo cercano. Algo que Luis Muñoz niega. El propio secretario cuenta que él superó la oposición hace 24 años y no sin esfuerzo. Apunta que estas acusaciones han sentado mal a los trabajadores que como él, han superado la oposición, y especialmente entre aquellos  que votaron a David Pérez. Además, ha apuntado un dato importante: que el proceso de funcionarización fue revisado y aprobado por un secretario técnico del Ayuntamiento de Alcorcón después de que el PP pidiera una impugnación del acuerdo que, como ahora, considera ilegal. Los recursos presentados por el PP en la oposición fueron denegados y los trabajadores pasaron a ser funcionarios de la Administración Local. Muñoz también alega que la plantilla de la localidad no está sobredimensionada y que incluso es más baja que la de Ayuntamientos como Leganés y Móstoles

Un órgano consultivo será el encargado de tomar la decisión final que se tomará en base a los informes que las partes presenten. Comisiones Obreras, además del informe de la secretaría técnica, presentará otro informe propio en el que demuestran los altos costos del despido. Por su parte, el Ayuntamiento ya ha presentado los suyos ante dicho órgano, que han sido  realizados por la cámara de cuentas y por la dirección de función pública. El primero ha sido encargado por el ayuntamiento. El segundo informe en sus recomendaciones, no deja muy clara su postura acerca de la privatización. Estos informes, según Muñoz, tienen una clara intencionalidad y no son independientes.

Dentro de los trabajadores hay esperanza, porque el proceso fue validado por un técnico independiente del Ayuntamiento. Es una de las principales bazas con las que cuentan a la hora de que este proceso sea echado para atrás.  Pero también hay reparo y desconfianza por parte del representante de los trabajadores. “Si el organismo encargado de evaluar el proceso fuera judicial, ganaríamos seguro. Pero ese órgano consultivo es político”. El temor de los trabajadores es fundado: la decisión será tomada por políticos del PP. El secretario lamenta que no sea un organismo judicial el que tome la decisión, como sucedió con la sanidad madrileña. Fue la justicia quien evaluó y quien tomó la decisión que obligó a la Comunidad de Madrid a paralizar la privatización. Algo que no sucede esta vez. El proceso está abierto y la resolución se dictará en unos dos o tres meses, según Muñoz.

¿Y si el órgano consultivo falla en contra de los trabajadores?

Estos 600 funcionarios, con las reformas del Ayuntamiento, dejarían de serlo. Se irían al paro  de la noche a la mañana. Los servicios serían cubiertos por empresas privadas. En este caso, los trabajadores podrían recurrir ante la justicia. Pero hasta que esta no se pronuncie, el Ayuntamiento podría contratar a una empresa privada que realizara las funciones del personal despedido. Y si la justicia se pronuncia a favor de los trabajadores una vez que estos hayan sido despedidos, la situación sería “caótica” porque tendrían que ser readmitidos cuando ya hay otros cubriendo sus puestos de trabajo.  Pero es una posibilidad que no se baraja. Mientras tanto, los trabajadores y los sindicatos continuarán con su campaña informativa en la localidad.

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