Protesta contra el fraude electoral en Honduras

0

El pasado sábado 23 de diciembre la comunidad hondureña convocó un acto de viogilia por las más de 34 victimas del golpe de estado en Honduras.

El pasado 26 de noviembre se celebraron elecciones presidenciales en Honduras. Tras numerosas irregularidades en el conteo de votos, interrumpido cuando claramente el resultado se mostraba favorable al candidato de la oposición, al reanudarse el conteo varias horas más tarde, el resultado apareció volcado a favor del candidato oficialista Juan Orlando Hernández. Ello dio pié a denuncias de fraude por parte de la oposición, a protestas generalizadas de la población, e incluso a recomendaciones de los observadores de la OEA quienes declararon: “el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral, en su etapa previa, jornada electoral y etapa postelectoral significa que la misión no podía tener certeza sobre los resultados”. Y en un comunicado emitido después por su secretaría general se señala que “Ante la imposibilidad de determinar un ganador, el único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales”.

Se detectaron “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático”, papeletas que parecían recién impresas, urnas que llegaron sin actas y patrones de participación reportada en ciertas zonas con “improbabilidad estadística extrema”.

Incluso algunos de los aliados incondicionales de Hernández, que apoyaron su gobierno con millones de dólares desde EEUU —como las representantes Norma Torres, una demócrata de California, o Ileana Ros-Lehtinen, una republicana de Florida, entre otros— le exigieron transparencia al tribunal electoral.

Sin embargo, tres semanas después, el Tribunal Electoral de Honduras, presidido por David Matamoros, miembro del Partido Nacional oficialista y compuesto en su mayoría por partidarios de Juan Orlando Hernández, lo proclama vencedor.

A todo ello hay que añadir una interminable lista de actos autoritarios cometidos durante el anterior periodo presidencial por el presidente Hernández y su secretario de Estado, Arturo Corrales, para asegurarse la permanencia en el gobierno: corrupción ampliamente documentada; modificaciones ilegales a la Constitución; posibles vínculos con el narcotráfico; ataques a la libertad de prensa; criminalización de protestas pacíficas; repetidas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad; la manipulación de las estadísticas de homicidios que impiden que Honduras pueda solicitar asistencia internacional – Honduras registra una de las tasas de criminalidad más altas del mundo-; y una actitud laxa ante el asesinato político.

Desde el día de la elección se repiten las protestas de la población en la calle, a pesar del toque de queda establecido y del empleo de la fuerza que ya ha producido un saldo de al menos 34 muertos y numerosos heridos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Comments

comments

Share.

Leave A Reply