Nuevo ataque a la democracia municipal

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Zelig.- El pasado día 27 de Diciembre del 2013, el Gobierno del Partido Popular nos regaló a todos los españoles la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Con la excusa de la crisis, acusando a los Ayuntamientos de despilfarradores de erario público, nos colocan una seria estocada en la autonomía municipal. Esta ley obedece a una verdadera obsesión recentralizadora de esta derecha caciquil, que tiene miedo a una real democracia municipal próxima a los ciudadanos.

En la misma exposición de motivos de esta Ley, se hace referencia a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, aprobada con los votos de PP-PSOE.

En su momento ya se tomaron medidas que anticipaban este camino con el Decreto Ley de Pago a Proveedores, que es un auténtico escarnio, al concertar los Ayuntamientos créditos con los Bancos al 6% de interés, cuando ellos los recibían al 1% del Banco Central Europeo. De esta forma se convertía una Deuda Comercial en Deuda Financiera.

Su objetivo no es la modernización de la Administración Local, su objetivo es acabar con la autonomía local, traspasando competencias a entidades no elegidas democráticamente como las diputaciones, a las que les da potestad para poder gestionar servicios públicos esenciales para los municipios.

A través de un nuevo mecanismo como es la catalogación de las llamadas competencias  propias, impropias o delegadas se va a privar a muchos ciudadanos de  servicios que hasta ahora recibían.

Lo que se pretende con esta Ley no es realizar, sino suprimir servicios públicos esenciales trasvasándolos a grandes empresas privadas. Este trasvase de la gestión de dichos servicios por empresas privadas provocará la pérdida de empleos y de la calidad de los mismos, como estamos comprobando en muchos municipios.

A través de disposiciones en la Ley de Estabilidad presupuestaria, también se determina que los Alcaldes podrán no tomar en cuenta acuerdos que sean tomados en el pleno, si estos afectan a la estabilidad del presupuesto, lo que dará lugar a toma de decisiones caciquiles.Un ejemplo fehaciente de esta política es la bajada en 611.402 euros en la partida referente a Servicios Sociales en nuestro Municipio.

En definitiva, lo que se pretende es mantener a la ciudadanía lo más alejada posible de la toma de decisiones que le afectan. Este es un paso más en el proceso de degradación de la democracia española.

Es urgente y vital que los ciudadanos de Alcorcón sepan que con esta ley, sus concejales elegidos no estarán a su servicio, sino al cumplimiento de unas leyes impuestas por orden del capitalismo neoliberal.

No podemos estar contemplando estas actuaciones sin ponernos manos a la obra a decidir con nuestros votos y con nuestra organización, una nueva forma de estar en  sociedad, luchando por un Proceso Constituyente a nivel Nacional y Municipal.

 

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