Nueva canallada del Partido Popular: nuestros jóvenes emigrantes pierden el derecho a la Sanidad Pública

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INEM SEPE Viajes WEBCive Pérez (publicado en carnetdelparo.blogspot.com).- Por si el exilio laboral no fuera suficiente motivo de aflicción para el gran colectivo de jóvenes forzados a buscar alternativas de vida fuera de España, el Partido Popular acaba de castigarlos con la pérdida del derecho a ser atendidos por la Sanidad Pública. Tras una enmienda introducida en la ley de Presupuestos por la mayoría parlamentaria de la derecha, cientos de miles de exiliados laborales serán dados de baja en la Sanidad Pública. Y en caso de que decidan regresar al ‘hogar patrio’ se verán absolutamente desprotegidos y abocados a contratar un seguro médico privado.

Es otra más de las canalladas con que el Gobierno del Partido Popular y su grupo parlamentario, tanto monta, vienen agrediendo a los sectores de la sociedad española más perjudicados por la crisis. En este caso, a los jóvenes que, forzados por los altos niveles de desempleo, han salido del país para buscar un trabajo en el extranjero. Este colectivo, integrado por más de 600.000 personas, acaba de ser desposeído de la cobertura sanitaria.

Aquí no cabe invocar motivos de ahorro económico, pues de una lógica elemental y perogrullesca se desprende que quienes residen fuera de nuestras fronteras no hacen uso de los servicios públicos de salud. Aunque en algunos casos, la pertenencia a nuestro sistema de salud posibilita el establecimiento de convenios en otros países. En cualquier caso, sí podrían hacer uso de nuestro sistema en caso de retorno, tanto voluntario como por causa de enfermedad. Pues, hasta ahora, todo ciudadano español tiene el derecho a ser atendido por la Sanidad Pública. ¿Por qué, entonces, la derecha decide discriminar a una parte de la población tan sensible como el colectivo de jóvenes emigrados?

Es obvio que la medida forma parte de la estrategia de agresión y destrucción del tejido social. Por un lado, agrede con total impunidad a un colectivo que, por su dispersión y alejamiento, no está en condiciones de organizar una protesta en la calle. Por otro lado, crear división en el seno de la sociedad contribuye a desvertebrarla, desanimando la respuesta social.

A partir de ahora, habrá privilegiados, con derecho a ser clínicamente atendidos en caso de enfermedad, y ciudadanos de tercera, más bien parias, privados de ese derecho. Lo que planteará situaciones de paradójica injusticia en el seno de las propias familias. Sin ir más lejos, quien escribe estas líneas ha sido intervenido clínica y satisfactoriamente esta misma mañana en un hospital todavía no privatizado por los vampiros de la Sanidad Pública madrileña. Mientras que, en caso de padecer una afección similar, mi hija, exiliada laboral en la América Austral, no habría sido atendida. Ha sido privada de ese derecho, lo que equivale a decir que tal derecho se ha privatizado, al quedar la provisión del servicio en manos de la medicina privada. De pago, claro está.

Vayamos al detalle de esta nueva (last but not least) canallada de la derecha española. Según aparece publicado  en el BOE de 26 de diciembre de 2013, el Partido Popular ha incluido una enmienda dentro de la la ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 que establece que las personas desempleadas sin derecho a prestación ni subsidio de desempleo perderán el derecho a la Sanidad Pública española si permanecen tres meses fuera del Estado español.

 

Tras la aprobación de esta medida, todos aquellos que se vieron forzados a abandonar el país en busca de un futuro mejor se enfrentarán al dilema de contratar servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o quedar desprovistos de atención médica en caso de enfermedad. Incluso al retornar al país se encontrarán excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo. Conforme a la enmienda, una vez transcurridos 90 días desde su marcha, serán considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país.

Esta medida significa que cientos de miles de emigrantes españoles serán dados de baja de la Seguridad Social. Es una medida claramente anticonstitucional, puesto que la Constitución Española, dispone en el Título I: De los derechos y deberes fundamentales, Artículo 43, que:

Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Pero mientras no encuentre una oposición real, el Partido Popular sigue haciendo de las suyas. El cambio introducido en la Ley 16/2003 de “Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud” modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la ley, determinando que “tendrán la condición de asegurado” quienes se encuentren en la situación de “haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.

Es justo esta última frase, referida a la residencia en el país, la que afecta a los exiliados por motivos laborales, junto con la nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que determina la “pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social” y donde se indica que “el beneficiario de dichas prestaciones tiene residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que estas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural”.

Hay una petición en Change Org pidiendo derogar esta medida. Que acabo de firmar y creo que no está de más hacerlo en forma masiva, aunque no falten quienes duden sobre la honorabilidad de esta página. Pero, más allá de este ‘activismo de sofá’ la respuesta adecuada a las agresiones de esta índole deben discurrir por otras vías. Justo por esas a través de las cuales la clase obrera, explotada por definición, obtuvo con gran esfuerzo esos derechos que ahora mismo están perdiendo los jóvenes reducidos a ser carne de precariado.

 

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