NOTA DE PRENSA Movimiento contra el Paro y la Precariedad: por una Renta Básica ¡YA!

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Isabel Franco presenta la propuesta en el encuentro estatal de Mérida y se aprueba por aclamación
Las Marchas por la Dignidad hacen suya la ILP por una Renta Básica
La marea de organizaciones de todo el Estado Español que forman la Coordinadora 22M-Marchas por la Dignidad han aprobado por consenso la propuesta de asumir como propia la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Básica promovida inicialmente por el Movimiento Contra el Paro y la Precariedad. En la asamblea estatal de las marchas, celebrada en Mérida los días 28 y 29 de junio, los delegados y delegadas de las diferentes columnas y colectivos que conforman el amplio movimiento que tomó Madrid con más de un millón de personas el pasado 21 de marzo dieron un apoyo unánime a la recogida de firmas para que el Parlamento español debata la iniciativa legislativa que daría cuerpo de ley a una de sus reivindicaciones principales: una renta básica incondicional que proteja a las personas contra la creciente pobreza a la que este sistema en crisis nos condena.
Los delegados de la asamblea estatal se han llevado a sus respectivos territorios un total de dieciocho mil pliegos, que contienen espacio para unas 540.000 firmas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha comprometido a distribuir cuatro mil quinientos pliegos en su próxima asamblea estatal. Attac España también se ha comprometido con una buena cantidad de pliegos para sus diferentes organizaciones, lo mismo que el Partido Comunista de España (PCE) y la Red de Solidaridad Popular (RSP). A manos de las diferentes columnas y colectivos sociales, han salido desde Mérida hojas de firmas hacia Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Burgos (barrio de Gamonal), Catalunya, País Valenciano, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias.
El Congreso de los Diputados admitió a trámite la ILP por una Renta Básica el pasado 14 de marzo, fecha que abre el plazo de nueve meses de que dispone la ciudadanía para reunir más de quinientas mil firmas válidas que obliguen al poder legislativo a tramitar la aprobación o no del texto propuesto. La iniciativa propone un modelo de renta básica universal e incondicional implementado en dos fases, una primera de urgencia para que ninguna persona se quede sin cobertura económica por debajo del umbral de la pobreza (645 euros al mes), y una segunda que consistirá en la extensión del derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas.

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