Nota de prensa 3 julio por la ILP Renta Básica

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El gasto de los servicios públicos de empleo en prestaciones desciende en un 19,8% respecto de 2013

 

selloILPMalos tiempos para la dignidad de las personas: ya sólo 58 de cada 100 parados reciben algún tipo de cobertura

 

El Movimiento Contra el Paro y la Precariedad constata con extrema preocupación el descenso meteórico de la tasa de cobertura al desempleo del que nos han informado desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Durante el pasado mes de mayo, según los datos del paro de junio, tan solo 2.487.956 parados recibieron algún tipo de subsidio, un 12,8% menos que en el mismo mes de 2013, y la cuantía media de las prestaciones cayó un 8%. El gasto total de los servicios públicos de empleo ha bajado casi un veinte por ciento respecto del mismo periodo del año pasado.

logoILP            Son las cifras de una catástrofe social. Cada desempleado que pierde el acceso a una prestación representa la deriva de una familia hacia la pobreza extrema. Y los datos de empleo no compensan en absoluto el grave deterioro de las condiciones de vida que sufrimos los trabajadores y trabajadoras de este país. Las alharacas de los poderosos ante una presunta creación de empleo significativa en junio esconden el incremento de la precariedad y del fenómeno de la pobreza con puesto de trabajo. No es de extrañar que, frente al triunfalismo del Gobierno, arrecie en miles de familias la preocupación por el cierre de los comedores escolares en verano en medio de un crecimiento vergonzoso de la pobreza infantil.

            Con este panorama, la renta básica se hace imprescindible si de lo que se trata es de defender la dignidad de los ciudadanos y no los intereses económicos de las élites.

Frente al crecimiento de la desprotección social y la pobreza, frente a la devaluación de los trabajadores y trabajadoras, la garantía de un ingreso básico para vivir con dignidad es el camino para evitar el sufrimiento de las familias y un estallido social.

El Congreso de los Diputados admitió a trámite la ILP por una Renta Básica el pasado 14 de marzo, fecha que abre el plazo de nueve meses de que dispone la ciudadanía para reunir más de quinientas mil firmas válidas que obliguen al poder legislativo a tramitar la aprobación o no del texto propuesto. La iniciativa propone un modelo de renta básica universal e incondicional implementado en dos fases, una primera de urgencia para que ninguna persona se quede sin cobertura económica por debajo del umbral de la pobreza (645 euros al mes), y una segunda que consistirá en la extensión del derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas.

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