La Okupación está transformando la sociedad

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@LuisMadrod.- El movimiento okupa se ha caracterizado por la puesta en uso y disfrute de edificios, fábricas y terrenos vacíos o en desuso, para el beneficio de una determinada comunidad. Es una práctica de desobediencia civil ligada al sentimiento de colectividad, por lo que su realización requiere de la colaboración y solidaridad de personas que se involucran en un proyecto para recuperar y reutilizar espacios, que de otra manera permanecerían vacíos, sin ningún tipo de mantenimiento y víctimas del proceso de especulación inmobiliaria, que tan devastadores efectos está demostrando tener desde el punto de vista económico y social.

Es un práctica que requiere de una organización colectiva, orientada a satisfacer una serie de necesidades fundamentales e imprescindibles en toda sociedad, como son el derecho a una vivienda y al disfrute de espacios comunes orientados al esparcimiento y fomento de las comunidades, ya sean de carácter vecinal, profesional o cultural.

A la vista del descontento social surgido a raíz de la falta de un derecho efectivo a vivienda, cada vez son más las personas que recurren a la okupación como una alternativa que les permita disfrutar de un techo, o para familias desahuciadas que buscan una manera digna de continuar sus vidas. De hecho, parece que la legitimidad que respalda a una familia desahuciada, que okupa un piso en un edificio propiedad de una entidad bancaria rescatada con dinero público, es cada vez más incuestionable. Lo es aún más, cuando uno se entera de que las empresas, incluidos bancos y promotoras inmobiliarias, pueden saldar su deuda entregado el bien hipotecado lo cual, no se permite hacer a las familias. Esto demuestra la diferente vara de medir con la que se regulan las relaciones en torno a un bien fundamental y teóricamente protegido como es la vivienda.

Cada vez más gente ve con buenos ojos la okupación, especialmente cuando el propietario se trata de un banco o un reconocido especulador, como el caso de la inmobiliaria Monteverde propietaria del complejo urbanístico donde se encuentra el okupado y desalojado Hotel Madrid,  muy próximo a la Puerta del Sol. Monteverde es una empresa dedicada al negocio inmobiliario de lujo que ha estado envuelta en escándalos urbanísticos ligados a la Operación Malaya y que actualmente se encuentra en concurso de acreedores por un impago millonario de impuestos a las arcas públicas. Ante el acuciante problema de la vivienda, hace un año, se okupó el mencionado Hotel con el objetivo de dar alojamiento a familias provenientes de desahucios y a gente sin hogar. Frente a esta situación, a nadie se le ocurrió cuestionar el sacrosanto  “derecho a la propiedad privada” ya que el trasfondo de legitimidad respaldaba la propia acción de “desobediencia”. Al cabo de dos meses de actividad, el Gobierno de Madrid dio la orden de desalojar a las más de 180 personas que habían encontrado allí una solución temporal al problema de acceso a una vivienda, devolviéndolos a una situación de marginalidad y en muchos casos indigencia. Un año después, el edificio sigue sin uso, vacío y tapiado, esperando a que su deterioro sea el adecuado para demolerlo y construir, quien sabe, nuevos pisos sólo al alcance de bolsillos muy seleccionados.

 

Este es un ejemplo de los tantos que se están produciendo actualmente por toda nuestra geografía tanto urbana como rural, cuyo aumento sostenido desde el comienzo de la crisis está colocando a la Okupación como un elemento transformador de la sociedad mediante el cual, se invierte el orden de los valores predominantes y pone por encima de todo a las personas y a sus necesidades fundamentales. Llegados al punto donde esta práctica es demostradamente legítima y socialmente aceptada, solo hace falta que las autoridades pertinentes respondan a las necesidades del pueblo y proteja de manera decidida el derecho a vivienda, aislando al sector inmobiliario de cualquier proceso especulativo.

El hecho de que en un país donde se estima que hay más de 3 millones de viviendas construidas y vacías en manos de especuladores y bancos rescatados con dinero público, no exista un plan de realojo y protección para familias desahuciadas y jóvenes sin acceso a vivienda, solo demuestra la falta de sensibilidad por parte de nuestros políticos y de voluntad para proteger un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, y lo que es aún más preocupante; demuestra el miedo a legislar de manera que se obligue a los beneficiarios de las ayudas  públicas, es decir, a los bancos, a abrir sus parques de viviendas rescatando del baúl de los recuerdos un concepto completamente olvidado por los políticos de hoy en día, como es la justicia social.

 

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