La ley de las Tasas Judiciales y la reforma de la ley de Justicia Gratuita perjudican al ciudadano

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B.M. (fuente eldiario.es).- Diversas entidades, entre ellas algunos gobiernos regionales, además de abogados particulares han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales al Alto Tribunal al considerar que se vulnera el derecho recogido en la Constitución a la tutela judicial efectiva.

Muchas personas se ven obligadas a abandonar procedimientos judiciales por no poder hacer frente al precio de las tasas abusivas impuestas por la nueva ley.

La Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entró en vigor el 22 de noviembre de 2012, pero hasta casi un mes después no quedaron regulados los procedimientos de cobro y los formularios ya que Justicia aceleró su tramitación en el último momento. El resultado fue casi un mes de vacío legal al que se sumaron unos cambios aprobados por sorpresa a través de Real Decreto en febrero de 2013.

Del desglose en tasa fija y variable, las dos partes en las que se dividen las tasas de Gallardón, la primera no se movió, pero la segunda sí descendió. Las fijas no se tocaron y oscilan entre 150 y 1200 euros. Las variables se redujeron para particulares, aunque no para empresas: en lugar del 0,5% sobre el valor de lo reclamado, a partir de la aprobación del Real Decreto la cifra se redujo al 0,1% con un máximo de 2.000 €.

Menos litigiosidad

Si hay una novedad que introdujo la nueva ley de tasas, ésta fue la retirada de la exención que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso. Hasta la aprobación de la norma impulsada por Alberto Ruiz Gallardón, estos precios eran aplicables a empresas –es decir, a personas jurídicas– con ingresos superiores a los ocho millones de euros. Desde noviembre de 2012, están sujetas a tasas todas las personas que pleiteen, con la salvedad de los beneficiarios de justicia gratuita. O, lo que es lo mismo, las personas que, por sus ingresos, tienen derecho a un abogado de oficio. El Estado –en este punto nada ha cambiado– tampoco paga tasas.

Como el Estado no tiene que asumir estos costes, siempre presenta recursos. El particular, sin embargo, sí tiene que hacer frente a este gasto, lo que ha provocado un descenso en torno al 20% en la litigiosidad en lo contencioso-administrativo”, señala Joaquím Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia.

Los recursos de apelación –en el ámbito de lo civil– han podido registrar caídas del 35-40%, pero lo que importa no es esta bajada de la litigiosidad, sino las personas que abandonan los procesos judiciales porque no pueden costearlos”, advierte Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil. También recuerda que, coartar el acceso a la justicia “fomenta la impunidad”. “Si la justicia no es para todos, no es justicia”, zanja.

La ONG Rights International Spain (RIS) advierte en su última campaña que “no hay que mirar las reformas que está planteando el Ministerio de Justicia de forma aislada, sino en conjunto, porque todas están conectadas y se mueven en la misma dirección”. Desde hace dos años, denuncia su directora, Lydia Vicente, “el Gobierno está emprendiendo una labor frenética y desproporcionada de cambios orientados a la restricción de derechos, por un lado, y a poner trabas al acceso de las personas a la justicia, por otro”.

El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero en sustitución de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, es otra de las razones que tiene a los juristas en pie de guerra. El Ministerio de Justicia defendió las tasas como una vía para paliar la saturación de los juzgados y mejorar los recursos dedicados a la financiación del sistema judicial, y más concretamente, la asistencia gratuita. Pero lo cierto es que en los Presupuestos Generales del Estado de este 2014, la partida destinada a justicia gratuita se mantiene idéntica a la del año anterior: 34,15 millones de euros.

El discurso del Gobierno es fraudulento. Han repetido, tratando de edulcorar la injusticia de las tasas, que esos ingresos irían destinados a justicia gratuita, pero las cifras han demostrado que es falso. La partida está congelada y el afán es meramente recaudatorio, para tapar agujeros”, se indigna Joaquím Bosch.

Los más perjudicados por estos cambios son las unidades familiares con una sola persona, cuyo umbral de renta ha descendido de 14.910 € anuales a 12.780. Para núcleos de dos a cuatro miembros, el límite, por el contrario, sube unos 80 €. Independientemente de sus ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo (y las asociaciones) y de trata de seres humanos tendrán derecho a justicia gratuita. También los discapacitados psíquicos víctimas de abusos y las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnización por daños, además de los sindicatos, las asociaciones de consumidores y Cruz Roja.

Todos estos umbrales tienen en cuenta los ingresos, pero no los gastos. Imagina que vives solo, pero que tienes a alguno de tus padres a cargo, o que, en la situación en la que estamos, otros familiares se acogen en tu casa. Es una trampa”, alerta Verónica del Carpio.

Entre las líneas del articulado del proyecto se limita a tres las veces al año que cualquier persona puede tener acceso a justicia gratuita como “método”, dice Bosch, “para evitar el fraude”. “Esta medida significa, nada más y nada menos, poner límites a un derecho constitucional, que resulta que ahora va por número”, argumenta Del Carpio, que recuerda que “ya hay instrumentos de sobra para detectar prácticas fraudulentas”.

Otra de las cuestiones más conflictivas de la norma que se está cocinando tiene que ver con el aumento de la burocracia. Desde el Consejo General de la Abogacía Española explican que el proyecto de ley mantiene la duplicidad en la tramitación de los expedientes, lo que “supone continuar una doble estructura que dilata inútilmente el acceso del ciudadano a la justicia gratuita”.

Los abogados de oficio aseguran que “todo funciona fatal, hasta el punto de que se ha dado más de un caso en el que asegura que las familias tienen derecho a un abogado de oficio por renta y luego resulta que no. Entonces les hacen pagar a posteriori los servicios sin haber elegido ni siquiera a su letrado. Es un desastre total”.

Los retrasos en los pagos, que en muchas ocasiones pueden demorarse más de un año, son para muchos profesionales una prueba evidente del mal funcionamiento del turno de oficio. “Las cuantías, además, son ridículas, lo que demuestra que, una vez más, Gallardón nos está tomando el pelo con la supuesta mejora de la justicia gratuita gracias a las tasas”, sostiene Del Carpio.

 

 

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