La futura ley del aborto atenta contra el derecho a decidir

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"Es terrible ver que en un país como España, que en estos últimos años se había convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres vaya a disponerse a conocer un retroceso en materia de derecho a disponer del cuerpo propio" Najat Vallaud-Belkacem, ministra de igualdad francesa.

“Es terrible ver que en un país como España, que en estos últimos años se había convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres vaya a disponerse a conocer un retroceso en materia de derecho a disponer del cuerpo propio” Najat Vallaud-Belkacem, ministra de igualdad francesa.

Pablo López.- La futura Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada pone a España a la altura de países de bajo o nulo desarrollo social. En Europa sólo Malta tiene unas restricciones equiparables a las que pretende aprobar el Gobierno de España.

Existen dos tipos de leyes relativas al aborto: de plazos y de supuestos. Las leyes de plazos son contempladas en 20 de los 28 países miembros de la Unión Europea y hasta ahora en España gracias al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En dichas leyes se establecen una serie de plazos en los que la madre podrá realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Las leyes de supuestos son minoritarias y en ellas se proponen supuestos en los que sí es posible la interrupción del embarazo. Pese a ello varios países, como Inglaterra, contemplan supuestos tales como la situación social o laboral de la persona embarazada para realizar un aborto.

En caso de aprobarse esta nueva ley en España se aplicará una legislación de supuestos muy restrictiva siendo legal el aborto sólo en caso de violación o riesgo para la salud física o psíquica para la madre.  En éste segundo supuesto se necesitará un informe de dos médicos de diferentes centros distintos al centro facultativo, además, sólo podrá realizarse hasta la semana 22 de embarazo dejando un plazo de 7 días de reflexión para que la embarazada decida si quiere proceder o no al aborto. El borrador también contempla de uno a tres años de cárcel para el médico que practique un aborto fuera de estos supuestos.

Pese al empeño del sector más integrista de la Iglesia Católica, la práctica de la IVE es algo completamente normalizado en España. De hecho incluso Leticia Ortíz, cónyuge de Felipe de Borbón y miembro de la Familia Real, realizó una IVE facturada el 26 de octubre de 2002 en la Clínica Dator de Madrid.

De salir adelante este nuevo proyecto de ley el aborto volverá a ser un “lujo” para quienes puedan pagar algo más de 6.000€ en Francia y entre 500 y 700€ más desplazamiento y alojamiento en Inglaterra. Varias clínicas portuguesas también se han puesto manos a la obra con la nueva “línea de negocio” abierta por el ministro de justicia español Alberto Ruiz-Gallardón. Mientras, quien no pueda llegar a esa cantidad, podrá retrotraerse a 1976 y realizar abortos clandestinos. Cabe recordar que, según el Tribunal Supremo, en dicho año murieron entre 200 y 400 mujeres en España a consecuencia de abortos clandestinos.

Como fin último esta ley servirá para infundir terror robando derechos sociales y olvidándose de que la situación del país hace inviable para muchas personas poder tener hijos. La alta tasa de paro unida a la indefensión y poca estabilidad laboral hacen que el marco social en España sea el menos propicio para que una persona pueda tener hijos. Condenar a tener un niño a miles de personas que no pueden o no quieren tenerlo es condenar el desarrollo de ese niño y de esas personas.

No olvidemos que España también está a la cola de Europa en subvenciones y ayudas para la natalidad según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Junto con Polonia y Malta, España es el país de la UE que menos recursos destina a la familia, el 1,2% del PIB, mientras que la media europea es del 2,2%.

Con esta ley el Gobierno ha rebasado la frontera entre sectarismo y política legislando para imponer lo que les dicta la Iglesia Católica. Una vez más este gobierno de integristas católicos hace retroceder al país en derechos. No están ni a favor del derecho a la vida ni a favor de la familia cristiana o no cristiana. El movimiento provida, que encarna parte del Partido Popular, es realmente un movimiento promuerte al que le produce completa indiferencia las personas y su vida. En el seno de este movimiento se engendra un total odio y desprecio hacia la mujer a base de imposiciones de mentes perversas e insanas. Este movimiento fascista y con tintes genocidas se olvida de que el aborto es una decisión personal y el estar a favor del derecho a decidir es simplemente “amar a tu prójimo”. Este sector integrista del Partido Popular carece de moral y ética, lo único que les mueve es sentirse juez y parte para dominarnos.

Miembros destacados del Partido Popular han manifestado su rechazo a esta medida, además desde Francia, el Gobierno de François Hollande ha llegado a mandar una carta al Gobierno de España oponiéndose a la futura ley y recomendando a Mariano Rajoy que no siga adelante con ella.

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