La Fiscalía pide 23 años de prisión para cinco vecinos de Alcorcón por la huelga general del 14-N

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Redacción.- La justicia ha imputado a cinco vecinos de Alcorcón una serie de delitos que se cometieron presuntamente durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. La Fiscalía reclama para ellos 23 años de prisión. Una condena a la que hay que sumar otros 17 años, tiempo durante el cual no pueden ejercer su derecho a voto.

De manera individual, las penas de cárcel van desde los dos hasta los siete años. La suma en concepto de indemnizaciones por los daños y desperfectos asciende a más de 10.000 euros.

El Ministerio Público imputa a los acusados los siguientes delitos de atentado contra la autoridad, de lesiones, de desórdenes públicos y dos faltas. Según la versión policial, “los acusados actuaron en todo momento con ánimo de atentar contra la integridad física de los agentes, siendo varios agentes, tanto de la policía local como la nacional, que sufrieron lesiones”. Acusaciones que los vecinos imputados rechazan tajantemente.

Estas acusaciones, explica Manuel San Pastor, letrado de dos de los acusados, tienen un objetivo: causar miedo y criminalizar a todos los que “luchan contra este sistema injusto y opresor”.

La reforma del Código Penal sacada adelante por Alberto Ruiz Gallardón introdujo una serie de modificaciones que provocó el rechazo de las organizaciones de derechos humanos, partidos políticos. A su juicio, la reforma castiga algunos derechos tan básicos como el de la libertad de expresión, reunión, protesta y manifestación para disuadir a quienes participan en la protesta social.

No son los primeros ni los únicos imputados por su participación en protestas sociales. A mayo de 2014, otras 40 personas que también habían participado en huelgas tenían procedimientos judiciales abiertos y por el cual la Fiscalía pedía de manera conjunta hasta 140 años de prisión.

A pesar de que la imputación causó un gran impacto entre los acusados porque la Fiscalía aplicó con todo rigor el reglamento, los acusados se muestran tranquilos y confiados por otros sucesos otros procesos similares. Es el caso de los ocho sindicalistas de Airbus, que fueron absueltos por falta de pruebas. La Fiscalía pedía para cada uno de ellos ocho años y medio de cárcel.

Además, alegan que las pruebas presentadas por la policía y que dan sustento material a la imputación son falsas. Según el auto, una ciudadana de Alcorcón fue testigo de las patadas “en el pecho” (sic) que un imputado propinó a un inspector de la policía. Él desmiente los hechos. Además, explica que esta supuesta testigo es una prueba falsificada por la Policía. “No es la primera vez que la policía se vale de estas artimañas para buscar culpables. Basta con poner en Google falsificación pruebas policía”, concluye.

Por el momento, hacen un llamamiento a los  la clase obrera y a las organizaciones sociales y políticas para que se “sumen a la campaña unitaria, solidaria y amplia que consiga defender la libertad de los vecinos y compañeros y evitar que el estado les condene para usarlos para dar ejemplo y criminalizar la protesta social”.

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