La falta de viviendas sociales deja en evidencia la política del Ayuntamiento

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Victor H. Ospina.- Zaida ha sufridos dos desahucios, el primero fue de su vivienda habitual y el segundo, de una vivienda ocupada. Por este motivo, la Consejería de Asuntos Sociales le quitó la patria potestad de sus hijos. Antes de esta pérdida, esta mujer de origen marroquí ya se había quedado sin la otra pieza fundamental en su vida: su marido fue expulsado hace unos años de España. Explica que “hizo cosas que no debía”. Lo justifica alegando que estaba en paro y tenía dos niños pequeños que mantener.

A pesar de que Zaida no vive con sus hijos, los ve con regularidad. Días antes de que la desahuciaran por segunda vez, había pasado la navidad con ellos en la casa que había ocupado con la ayuda del Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Cuenta que los dos pequeños no fueron testigos del desahucio y que no tuvieron que ver cómo todos sus juguetes y sus pertenencias eran arrojados a la calle.

Al día siguiente de quedarse sin casa por segunda vez, su abogado y otros activistas acudieron a los Servicios Sociales en busca de una solución habitacional. Lograron que el Ayuntamiento pagara el alquiler de una habitación durante un máximo de dos meses. Una solución ineficaz y temporal para ella, según la PAH y que ya ha caducado. Zaida vive actualmente con una amiga en Madrid.

Su caso pone en evidencia la falta de viviendas de emergencia social en Alcorcón. Un problema no sólo local. Según Amnistía Internacional, España tiene una de las políticas de vivienda social “más endebles de Europa”. Tan sólo un 1,1% de viviendas son de interés social, frente al 32 % de los Países Bajos, el 23 % de Austria, el 18 % del Reino Unido o el 17 % de Francia.

Dos semanas después del desahucio, los concejales de la oposición, que suman más concejales que el gobierno local, aprobaron cinco medidas de la PAH para hacer frente a este problema. Son:

La paralización de los desahucios de primera vivienda. Cuando no sea posible, el Ayuntamiento garantizará una alternativa habitacional mediante la firma de convenios entre los bancos y la corporación local.

La creación de una Oficina de Gestión Integral que proporcione una defensa de las personas hipotecadas.

Pero el acuerdo va más allá de la vivienda. La tercera petición es que el Ayuntamiento llegue a acuerdos con las eléctricas para impedir el corte del suministro eléctrico si  hay una motivación económica detrás.

Estas medidas no se pueden llevar a cabo sin que aumenten las partidas presupuestarias de los servicios sociales. Es la cuarta medida. Muy relacionada, la quinta propuesta,   propone la creación de una comisión que realice un seguimiento de las familias que han solicitado ayuda.

No obstante, estas propuestas fueron rechazadas por el Partido Popular. Según Manuel San Pastor, este rechazo sirvió para visibilizar la inhumanidad política del gobierno local.

Desde la PAH, esperan que el acuerdo que sacaron adelante y que se aprobó en el Ayuntamiento sirva para poner fin a esta injusticia. Y añaden: “continuaremos denunciando los desahucios, y que el Ayuntamiento sigue sin ofrecer viviendas de emergencia social. Porque no podemos esperar, seguimos luchando”.

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