¿Justicia para todos?

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“No dejéis que vuestros derechos sean pisoteados por otros” (Immanuel Kant)
Ajerwoody.— La Constitución Española en su artículo 24 dice: todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producir indefensión.
La Ley 10/2012, por la que se regulan las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, es el ataque más grave a los ciudadanos de los llevados a cabo por este Gobierno. Esta ley deja sin acceso a la justicia a una parte importante de la población que no tendrá capacidad económica, de modo que sólo podrán acceder a la justicia quienes se la puedan pagar. En algunos casos se produce la  paradójica circunstancia de tener que pagar más por la tasa que por la cantidad que se vaya a reclamar.
Por poner unos ejemplos: Una reclamación de una factura errónea de teléfono, luz o gas por importe de 80 euros supondrá al cliente de esas empresas una tasa de 200€. Una demanda de un tetrapléjico a causa de un accidente de tráfico que pide una indemnización costará en primera instancia 300€ de tasa fija más una variable de 0,5% de la cuantía reclamada.
En segunda Instancia 800€ de tasa fija más el 0,5% de la cuantía reclamada. En última instancia 1.200€ más el 0,5% de la cuantía reclamada. Un trámite de divorcio en el que la mujer reclame una pensión de 200€ costará 812 euros hasta el recurso de apelación.
El recurso de un despido improcedente por parte de un trabajador supondría pagar en el trámite de suplicación 500 €, llegando a 750€ en casación, más el 0,5% de la indemnización reclamada en cada caso.
Una reclamación de 600.000€ de indemnización por parte de unos padres cuyo recién nacido haya sufrido daños cerebrales ocasionados por una negligencia médica en un parto y a los que solo le diera la razón el Tribunal Supremo (caso real en la sentencia
23-12-2002), tendrían que pagar 13.500€.
Con el pretexto de afirmar que existe un exceso de litigios en la justicia, se castiga a los ciudadanos como si estos pleitearan por capricho, poniendo de manifiesto la incapacidad del gobierno para hacer una gestión profesionalizada de la justicia. Estamos ante un ataque a la democracia y al Estado de derecho por parte de las personas que nos gobiernan, que hacen un uso torticero y  antidemocrático del poder legislativo y nos alejan aún más del ideal de una justicia igualitaria para todos y todas. Este gobierno se comporta como el déspota que esquilma a sus súbditos para tapar su ineptitud como gobernante. Señor Gallardón, se le cayó la
careta de niño demócrata moderno.
Nosotros no queremos vivir en el Antiguo Régimen del que usted habla y que tan bien conoce. Su política nos conduce a un sistema en el que solo podrán hacer uso de la justicia los que se la puedan pagar.

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