“Fosas cerradas, heridas abiertas”.

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Fuente foto: eldiario.es
Angel (Mayores 15m9 y Rocío (vecina de Alcorcón).- Es lo que gritaban las 200 personas reunidas 24 de septiembre en la plaza de Neptuno, frente al hotel NH ante la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
Ariel Dulitzki presidirá desde octubre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, y es uno de los cinco miembros de esta comisión que viajará a Madrid, Barcelona, Vitoria y Sevilla hasta el 30 de septiembre. “La idea es servir de asistencia técnica y compartir experiencias que puedan servir a España, y la expectativa es recibir la mayor cantidad de información para dar visibilidad al tema de las desapariciones forzadas”, “el artículo 18 de la propia declaración de Naciones Unidas de 1992, dice que las personas responsables de desapariciones forzadas no deben beneficiarse con leyes de amnistía cuando el crimen se da en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas contra la población civil, es imprescriptible”,  “el derecho “irrenunciable” a saber qué pasó con los desaparecidos “no prescribe”, porque la desaparición forzada es un crimen continuado hasta que se establece el paradero” explica Dulitzi.  (BBC Mundo)
Han asistido al encuentro con la comisión de la ONU la “Plataforma por la Comisión de la Verdad” (que integra a un centenar de asociaciones de afectados), la “Federación Estatal de Foros por la Memoria” y la “Plataforma contra la Impunidad del Franquismo”, “Asociaciones de Niños Robados”, y familiares de desaparecidos.
Las asociaciones reclaman verdad, justicia y reparación para con las víctimas.
“El Gobierno ha dejado sin presupuesto la ley de memoria histórica, ha cerrado las oficinas de atención de las víctimas y desde que se dictó la condena contra el juez Garzón, todos los juzgados han archivado las querellas que hemos interpuesto” comentan las asociaciones de desaparecidos.
Las cifras del franquismo son escalofriantes: desde 1936 al 1977 más de un millón de muertos en la guerra; 130.000 desaparecidos; 150.000 asesinados; 30.000 niños robados; 2.800 fosas comunes en toda España (solo el 10% de ellas abiertas); medio millón de exiliados; hasta 300.000 presos políticos solo al comienzo del régimen militar.
En 1977 se promulgó una ley de amnistía que marcó el fin de cualquier investigación. Pero por encima de cualquier ley estatal está la ley internacional, según la cual los crímenes de lesa humanidad no prescriben. En 1931 España ya aceptó el derecho internacional.
En 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo que el Estado Español debía tomar medidas para resarcir y saber la verdad, además de hacer un reconocimiento a las víctimas. Pidieron que se derogara la ley de amnistía de 1977.
 En los tribunales españoles está prácticamente negada la posibilidad de investigar desde la paralización de la causa del juez Garzón -que había admitido la querella en 2008 y luego fue inhabilitado- y sobre todo desde que el Tribunal Supremo de Justicia de febrero de 2012 emitió una resolución que estos crímenes son delitos ordinarios que prescribieron, usando como argumento, entre otros, la Ley de Amnistía de 1977, y por lo tanto los jueces nacionales no deben investigarlos. La jueza argentina María Servini investiga varios casos desde 2010, a solicitud de familiares de víctimas, y hace pocos días solicitó el arresto y extradición de cuatro torturadores desde España.
 La impunidad con el franquismo hace de España un caso excepcional en el mundo. Nadie que ha pasado por un juzgado para ser investigado, ni una sola víctima ha obtenido amparo de un juez en España “La ley de amnistía es preconstitucional, no hace referencia a esos delitos, y además los crímenes de guerra nunca prescriben ni están limitados al territorio nacional. No se puede decir que han prescrito delitos de desaparición forzada porque estos solo se resuelven cuando aparece la víctima o cuando se identifica, se averigua qué le ocurrió y quién pudo ser el responsable de su desaparición y muerte”, argumenta Jaime Ruiz, de la Plataforma Comisión de la Verdad.
En la concentración ante el hotel se personó el escritor Ian Gibson, autor de varios libros sobre la historia española “Hubiera sido preferible que la justicia española hubiera afrontado este asunto, pero esas puertas hoy están cerradas. El Gobierno ha dejado sin presupuesto la ley de memoria histórica, ha cerrado las oficinas de atención de las víctimas y desde que se dictó la condena contra el juez Garzón, todos los juzgados han archivado las querellas que hemos interpuesto, que han sido más de 70″, “El Estado no está haciendo su deber con los muertos de la guerra, y es una vergüenza. Si desde fuera puede venir alguna ayuda para que se reconozcan los derechos de las víctimas, será miel sobre hojuelas” comentó Gibson.
 Los miembros del Alto Comisionado por los Derechos Humanos dieron audiencia en un salón del hotel NH a los representantes de Asociaciones y a familiares de víctimas, y escucharon los testimonios y reclamaciones de todos los presentes, unas 60-70  personas.
*Se solicitó una “Comisión de la Verdad”: un grupo de trabajo que investigue y aclare lo que sucedió, algo que ya se ha hecho en más de 40 países con problemas similares, y que se ha reconocido que ha sido un éxito para la convivencia.
*Solicitaron que se derogue la legislación que impide el acceso a los archivos del franquismo, y exigieron la anulación de juicios y sentencias del franquismo.
*La Asociación de Familiares de desaparecidos en Guadalajara, saben de la existencia de fosas comunes con 800 víctimas de represión franquista. Consiguieron una subvención del ministerio de 60.000 € para un proyecto ya hecho para dignificar a las víctimas, poniendo los nombres de todos. Pero el ayuntamiento del PP se negó.
 * El foro por la memoria de las víctimas del franquismo de Guadalajara la desaparición de 157 prisioneros de guerra en octubre de 1936. Se refugiaron en la catedral, y tras 10 días de asedio y bombardeos alemanes fueron hechos prisioneros. Los trasladaron de Sigüenza a Soria, en el parte de salida había 490 hombres, 47 mujeres y 54 niños. En el parte de llegada al día siguiente solo había 333 hombres.
 *Se contaron casos como un fusilado por pertenecer al sindicato de panaderos. De fusilados cuyo cuerpo no está donde les dicen.
*El obispo de Sigüenza ha prohibido levantar las sepulturas alegando que estas actuaciones “dan rencor”.
*Participaron Asociaciones de niños desaparecidos. Una madre de una asociación de Cádiz contaba que su hijo fue robado en 1981, y alegaba indefensión y abandono institucional. Las asociaciones denuncian una posible trama institucionalizada desde la inercia del negocio de venta de bebés que se instauró con los hijos de las presas republicanas, en el que participarían supuestamente importantes cargos fascistas implicados, indultados por la ley del 1977.
Sospechas de perfiles genéticos falseados, excusas por archivos inundados, de incompetencia de la oficina de Gallardón, que no ha sido capaz de conectar ningún caso de hijos y madres entre sí.
Denuncian que ha seguido habiendo desapariciones de niños hasta bien entrada la democracia. Archivan las denuncias. Lo comenta la hermana de una desaparecida en Odonnell en 1978.
 *Los familiares de las víctimas dicen que cada desaparecido tiene muchas víctimas, el desaparecido que ha muerto y sus familiares, que están muertos en vida. A muchos, además de perder al familiar, les cargaron multas por adhesión a la república, y les robaron sus bienes.  Necesitan medidas urgentes para que se les haga justicia.
*Piden que se reconozca la no prescribilidad de los crímenes de lesa humanidad. Que las familias sean indemnizadas, y exigir la ayuda del estado para exhumar a las víctimas.
*El 30 de agosto fue el día internacional de los desaparecidos. Hablaron de Garzón como la última víctima del franquismo.
*En 1946, tras la creación de la ONU, se escribió un informe sobre la “Política de Terror” que se estaba aplicando en España. Las asociaciones de víctimas piden a los comisionados de la ONU que revisen su documentación de aquella época, y hablan de que no fue una “Guerra civil”, sino una “agresión internacional nazi-fascista y una sublevación militar, que no fue una guerra entre hermanos. Denuncian que el único convenio de derechos humanos que no ha aprobado el estado español es el de la “Imprescribilidad de crímenes de lesa humanidad”.
* Los ponentes hacen una alusión permanente a que la “Ley de Amnistía” del 1977 es contraria al derecho internacional. Que el gobierno dice que colabora, pero en la práctica paralizan las denuncias, incluida la de la jueza argentina, y el ministro de justicia habla de la “orden de detención internacional” como “cosa del pasado”.
Todo esto constituye un agravio a las víctimas, porque hay una negación del daño.
* “El franquismo juzgó a la democracia, pero la democracia no se ha atrevido a juzgar al franquismo” comenta uno de los participantes.
Hay más de 10.000 documentos considerados “material clasificado” en archivos de Ayuntamientos, del Ejército y de la Guardia Civil, lo que ha causado hace poco una polémica entre los historiadores y el Estado.
* Un familiar denuncia que cuando fusilaron a su padre en Madrid, en el mismo sitio fusilaron a 58 personas (incluidas las 13 rosas) y pide que se anulen TODOS los juicios de la dictadura.
* Otro comenta el éxodo de los huidos a Francia, donde se encontraron con 280 campos de concentración y con la condición de apátridas. Habla de la traición de los demás países, cuando París fue liberada con el esfuerzo de los españoles. El primer tanque que entró en París fue español. Comenta que el 27 de enero se celebra el día del holocausto en todo el mundo. Y que en la celebración Gallardón y Margallo hablaron de los deportados españoles a campos nazis como “disidentes ideológicos”
* El representante de la Federación estatal Foros por la Memoria denuncia que el Estado español incumple el derecho internacional con las víctimas del franquismo. El 30-8-2013 el gobierno hizo una declaración de colaboración, pero la realidad es otra. Los Foros denuncia la prescripción del delito, la ley de amnistía del 77, la ley de la memoria del 2007 que aún niega el derecho a la justicia. Es un problema político, y la solución debe ser también política. Hay que derogar/reformar la ley de memoria para respetar el derecho internacional. Exigir la creación del elemento jurídico “Víctima del Franquismo”
* Otra participante dice que “el terrorismo y asesinato de estado sale gratis en España. Hasta 1975 por ser de un sindicato o por hacer una pancarta podías ser torturado o desaparecido. Que los desaparecidos en España son como los desaparecidos en Chile más los de Argentina, multiplicados por 4. Si ahora se está juzgando a los criminales nazis ¿Por qué no a los franquistas? Estamos en indefensión en pleno siglo XX!. Los gobiernos de los partidos mayoritarios y los fiscales del estado no han dejado hacer justicia. Hoy se violan es España los derechos humanos por OMISIÓN”
* Una mujer denuncia el asesinato de su marido, ex militar republicano, en 1965 por los Somatel, civiles armados afines al régimen, en teoría para luchar contra los maquis, en la que parecen estar implicados gobernantes del pueblo, de Cuenca, pues dijeron que “aquí no ha pasado nada” y la amenazaron por declararla loca si decía que a su marido lo habían asesinado. El cuerpo fue enterrado en el camino de entrada del pueblo, por idea del cura del pueblo, con la intención de que todos los que entraran le pisaran al rojo. Cuando la familia lo supo, pudieron rescatar el cuerpo.
* Hasta 1963 existieron los tribunales militares, que fueron después transformados en “tribunal de orden público” Ninguna de las sentencias se ha anulado.
* En 1966 uno de los ponentes fue condenado a 18 años de cárcel por participar en una huelga.
* Ninguno de los gobiernos democráticos ha condenado la dictadura.“Fue un GENOCIDIO, un exterminio planificado. Nadie ha pedido perdón. Los crímenes franquistas son ilegítimos, no ilegales. En la ley de 1977 no se vincula con las desapariciones forzadas del franquismo. Los registros civiles no inscriben a personas fusiladas extraoficialmente. Los archivos de la Policía, la Guardia Civil y Falange siguen ocultos a la investigación. Hay una impunidad absoluta. Pedimos a la ONU que se avance la querella argentina. Si se dan cuenta, en Madrid aún hay más de 300 calles con nombre franquista” comenta el abogado de otra asociación.
* La Plataforma por la Verdad lleva 34 años manifestándose todos los jueves en Sol. Dicen que hay más de 3000 fusilados en la Casa de Campo, no se sabe dónde. Reclaman que se denuncien todos los desaparecidos, asesinados y exiliados; que se cree una Comisión de la Verdad en España, que la ONU la exija con fuerza; que se aplique la “Ley Internacional sobre Crímenes de Lesa Humanidad” a los torturadores y a los jefes de torturadores (entre ellos Utrera Molina y Martín Villa)
* La representante de la Fundación Internacional Baltasar Garzón exige una Comisión de la Verdad, el reconocimiento del estado para curar una sociedad aún dividida. Que el estado garantice el acceso a la información, y se cree un censo y registro de archivos de desaparecidos. Dice que es una cuestión humanitaria, pues al no reparar el daño sigue el carácter de “delito continuado”.
* Se pide al comité que agilice el cambio de fecha desde la que se pide la investigación de 1945 a 1936, porque utilizar la fecha más reciente no es humanitariamente correcta.
Desde el observatorio de la memoria histórica, apelan al derecho a JUSTICIA (hechos y responsables), a la VERDAD (humanitaria), y a la REPARACIÓN (rehabilitación, indemnización) Dicen que el Gobierno Español niega la PAZ, negándose a los derechos. Piden la derogación de la ley 1977.
* La Comisión de la Memoria Histórica de la Coruña pregunta ¿Cómo se puede aplicar una ley de memoria histórica en condiciones si el partido que gobierna procede del partido fundado por un ministro de Franco, con un Jefe de Estado puesto por Franco, y con cargos franquistas puestos en altos cargos actuales?
* En 1963 varias personas fueron ajusticiadas por un supuesto atentado. Se pidió la revisión de la sentencia militar al encontrarse pruebas y tras la confesión de los verdaderos culpables. No han anulado aún la sentencia.
* Una nieta de desaparecido denuncia el exterminio planificado de “tierra quemada” con el que empezó el alzamiento de los franquistas. Su abuelo fue detenido y desaparecido junto a otras 5 personas como asesinato preventivo, la misma noche del comienzo del golpe de estado, en Rute (Córdoba) sin tiempo para haber participado evidentemente en ninguna acción bélica ni de resistencia. No tiene esperanza de encontrar sus huesos, entonces ni siquiera hacían fosas comunes. Lo que pide es recuperar el recuerdo y dignidad de su abuelo
 Los altos comisionados, tras escuchar atentamente todos los testimonios, comentan que solo pueden estar allí invitados por el Estado Español. Solo pueden valorar las desapariciones forzosas en las que el cuerpo no se haya encontrado.
El mismo Ariel Dulitzki comenta, a título particular, que las desapariciones no son del pasado, que son el presente para las familias afectadas. Que él mismo tiene en su familia a personas desaparecidas, por lo que entiende el dolor y sufrimiento  de las familias. Que en caso de desapariciones el Estado tiene la obligación de investigar, asegurar la memoria, impartir justicia y reparar los daños. Y que ojalá lo que ahora está pasando en la justicia Argentina pueda hacerse en España, ya que lo que pasa en Argentina es gracias a la justicia de España.
 Después de la visita a afectados, asociaciones, gobierno, ministerios, judicaturas e instituciones, con los datos recabados, los altos comisionados prepararán un informe con conclusiones y recomendaciones que presentarán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que a su vez remitirá al Estado Español en 2014 una directriz, no vinculante, de actuación. En la base de esa directriz los afectados podrán reclamar “Verdad, Justicia y Reparación”

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