España ha decidido cambiar los derechos humanos por dinero

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V.H.Ospina.- Augusto Pinochet fue un golpista que instauró en Chile un régimen militar. Dirigió el país con mano de hierro entre los años 1973 y 1990. En torno a 3.200 personas fueron asesinadas. Más de 28.000 opositores fueron torturados. Unos 300.000 tuvieron que exiliarse por razones políticas.

 EL juez pedran e niega a cerrar la investigacion por la muerte de Jose cousoEn 1998 el juez Baltasar Garzón emitió una orden de arresto contra él por desapariciones, homicidios, torturas, fraude al fisco y uso de pasaportes falsos. En ese momento se encontraba en Londres. Allí pasó 17 meses encarcelado. Pero no pudo ser extraditado a España como Garzón había solicitado debido a los trámites legales. En lugar de eso, fue trasladado a Chile por problemas de salud. Aunque el juez no pudo enviarlo a prisión, su enjuiciamiento abrió la puerta para que su colega chileno Juan Guzmán continuara con el proceso.

Mediante la justicia universal, la justicia española podía abrir investigaciones contra aquellos que hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad. Gracias a ella España ha sido modelo en la persecución de los derechos internacionales gracias a la justicia universal, según el Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Remiro Brotons. Hasta ahora.

Una reforma aprobada por el Partido Popular obliga a que los casos presentados hasta ahora tengan cerrarse. La reforma se ha aprobado con gran rapidez y ha contado con la oposición de todos los partidos políticos.

La reforma va a afectar a otros casos que estaban siendo investigados por los jueces españoles, como los ex altos cargos guatemaltecos acusados de genocidio, terrorismo y torturas y denunciados por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú; los 28 oficiales del Ejército de Argelia y dirigentes y miembros de seguridad del Frente Polisario por el genocidio y la desaparición de ciudadanos saharauis que el juez Pablo Ruz investiga.

Otra investigación que tendría que cerrarse es la que el juez Santiago Pedraz tiene abierta por la muerte del cámara de Telecinco José Couso, muerto en Irak a manos de las tropas estadounidenses. A pesar de que la reforma ya se ha publicado en el BOE y, por lo tanto, ya ha entrado en vigor, el juez Pedraz se ha negado a aplicarla. Tanto él como la familia de Couso van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Los familiares han afirmado que si es necesario irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya que la reforma de la justicia universal supondría “impunidad para asesinos, genocidas y torturadores”.

A pesar de que la ley va a recurrirse, Lydia Vicente Márquez, directora ejecutiva de la organización Rights International Spain se ha mostrado tajante: “La reforma cerrará las puertas de las cortes españolas a quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos y que no han podido obtener justicia dentro de las jurisdicciones de sus propios países”.

Los jueces españoles podían solicitar a otros países la extradición de asesinos, como ya lo está haciendo Argentina que investiga las desapariciones durante el Franquismo. Esto se ha visto como una injerencia externa en los asuntos nacionales. Y esta ha sido la razón por la que el Gobierno ha modificado la ley. La justicia española estaba investigando la represión china en la península del Tíbet en la que están involucrados altos dirigentes del Partido Comunista Chino. Al conocerse la noticia, Pekín presionó al español para que se retirara la imputación. En una entrevista a El País el director de la Casa de Tíbet en España sentenciaba: “España ha decidido cambiar los derechos humanos por dinero” China tiene un 20% de la deuda española.

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