Entrevista sobre el CETA a Tania González, eurodiputada de Podemos

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Si ya sabíamos poco sobre el TTIP, el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio con Canadá) nos ha cogido a todos y todas por sorpresa, y hasta cosa de un mes la mayoría de la ciudadanía siquiera conocía su existencia. Es por eso que Ágora Alcorcón ha hablado con Tania González, diputada de Podemos en el Parlamento Europeo, para que nos explique, desde la óptica de su partido, en que consiste este tratado, cuáles son sus semejanzas y diferencias con el TTIP, y cómo afectará a la vida de los europeos y españoles.

¿Podrías explicarnos como eurodiputada de Podemos qué es el CETA?
EL CETA es un tratado de libre comercio e inversión entre la UE y Canadá que, con el pretexto de estimular el comercio entre ambos territorios, establece procedimientos y normativas cuyo alcance van mucho más allá del intercambio de bienes y servicios. Puede acabar afectando de forma significativa a nuestra vida cotidiana.

¿Como va a afectar a los europeos?
Según la Comisión Europea, que es quien negocia este acuerdo en nombre de los Estados miembros, el CETA ayudará a generar crecimiento económico y empleo. Lo que no dice es que si se da crecimiento económico, lo será en forma de beneficios para las multinacionales –que luego no tributan en los países donde los obtienen– y que en caso de crearse empleo, será empleo precario después de destruir empleo, como muestra la tendencia impuesta por la política de corte neoliberal.

Esos pronósticos benignos son pretextos formales inevitables en todo tratado de comercio –los negociadores no dirían nunca que el objetivo es el lucro de las multinacionales–; es el envoltorio retórico para una desregulación que amenaza al propio Estado de Derecho. La eliminación sistemática de barreras al comercio supone la desprotección de los ciudadanos en los ámbitos laboral, social, medioambiental, cultural y de los servicios públicos, entre otros.

¿Y a España en concreto?
Pues además de los ámbitos mencionados anteriormente, como ejemplo, podemos hablar de la invasión de la potente industria agroalimentaria americana –EEUU podría entrar a través de filiales canadienses– contra quien la pequeña y mediana empresa española tendrá una competencia muy desfavorable. No solo por la cuestión del tamaño sino por la calidad, que podría verse afectada si se modifican los exigentes estándares europeos. Por ejemplo, si se modifican los criterios que definen las denominaciones de origen, la calidad de los productos regulados por estas indicaciones geográficas podría verse afectada por la desigual competencia de la producción española, más tradicional, frente a la gran industria agroalimentaria multinacional.

¿Quiénes han negociado el TTIP y el CETA?
Los gobiernos de EEUU (TTIP) y Canadá (CETA) con la Comisión Europea, que negocia en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea.

¿Es legítimo que los países acaten tratados decididos por órganos que no han votado?
El procedimiento de aprobación aún no ha terminado. El acuerdo tiene que ser ratificado por los parlamentos nacionales de cada Estado miembro.

¿Hay alguna manera de frenar el TTIP y el CETA aunque hayan sido ya aprobados?
En octubre ya presentamos en el Congreso una Proposición No de Ley
(PNL) en la que se solicitaba al Gobierno que no autorizase la firma del tratado, rechazar su aplicación provisional y solicitar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE por las posibles incompatibilidades con la normativa Europea, además de un referéndum previo a la ratificación parlamentaria. Pero fue rechazada gracias al voto en contra de PP, PSOE y C’s.

Está sería una vía para frenar la aprobación final del tratado: que la ciudadanía votara en contra en una consulta popular vinculante, o que lo hiciera una mayoría suficiente en el Congreso, si no conseguimos un referéndum.

¿Se pueden modificar sus puntos de alguna forma?
Si se aprueba finalmente, una vez que entre en vigor no será fácil modificarlo, ya que requerirá un acuerdo que implica a muchas partes con intereses muy diversos.

¿Qué repercusiones diplomáticas tendría con EE.UU. y Canadá?
Es difícil prever consecuencias diplomáticas. En el caso de que el CETA fuera finalmente rechazado por algún parlamento nacional y se suspendiera el acuerdo, no creo que hubiera ningún conflicto. Nos quedaríamos como estamos; con la regulación actual. Esto no es como el Brexit, que introduce una incertidumbre respecto a las consecuencias económicas y sociales generando tensión en el conjunto de Europa. Pero este no es el caso.

Con la victoria de Trump se ha frenado la puesta en marcha del TTIP, y muchos lo dan ya por muerto. ¿Crees que esto es así?
Sería una interesante paradoja, que el país que lidera la desregulación neoliberal acabara con el TTIP. Yo creo que no será tan fácil; es una de tantas promesas electoralistas que no está claro que pueda cumplir. Se enfrenta a intereses muy poderosos: a la voracidad lucrativa de las multinacionales norteamericanas. Aunque algunas, de momento, han reculado en la intención de seguir deslocalizando su producción.

¿Todavía existe riesgo de que vuelva a reactivarse?
Ese riesgo no va a desaparecer nunca, como no va a desaparecer la codicia que lo alimenta. Si derrotamos al TTIP esta vez, volverá a aparecer una nueva versión más sutil y encubierta. De hecho, ya se derrotaron intentos muy parecidos al TTIP no hace mucho: las negociaciones del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) que, prácticamente, anteponía los intereses de las multinacionales al Estado de Derecho que protege a los ciudadanos, se detuvieron por las multitudinarias protestas mundiales en 1998. Aquel éxito social les llevó a ser más cautos en esta ocasión, de manera que las negociaciones del CETA y el TTIP se han llevado en secreto casi hasta su ratificación, para evitar una oposición popular como la hizo fracasar el AMI.

¿Por qué se dice que el CETA es el caballo de troya del TTIP?
Por varias razones: porque es una versión aparentemente menos agresiva, al ser con Canadá en vez de con EEUU, que antecede al TTIP, pero que lleva consigo la posibilidad de que las empresas de EEUU se beneficien del acuerdo utilizando a sus filiales canadienses. De manera que si el TTIP no prospera, el CETA tiene una puerta trasera.

Se estima que los salarios en Europa bajarán y subirá el paro debido a la firma del CETA, ¿esto será igual en el caso de los países del sur de Europa, como España, donde los salarios son mucho más bajos que en Canadá y tienen tasas de paro muy elevadas?
Es una estimación a nivel europeo, es decir, no afectará de la misma manera a los diferentes Estados miembros. Pero el mecanismo podría ser el siguiente: la eliminación de barreras comerciales, como los aranceles, incrementará la competencia favoreciendo a las grandes compañías, más tecnificadas y con producción deslocalizada, de manera que para competir con ellas, una vez más, y especialmente en el sector de las pymes, se tenderá a ganar competitividad reduciendo costes salariales. Las empresas que pierdan en esta competición desigual, cerrarán y perderemos puestos de trabajo.

¿No nos beneficia a nosotros al poder optar, por ejemplo, a concursos en el país norteamericano con salarios inferiores a los canadienses?
Nos puede beneficiar en parte, claro, pero no por los salarios, que tendrán que respetar la normativa canadiense. Las empresas europeas podrían, en caso de aprobarse el tratado, competir en el mercado canadiense evitando trámites burocráticos y aranceles. Pero no podemos trasladar allí nuestros salarios. Aunque hay algún capítulo referido a la fuerza de trabajo desplazada para la prestación de servicios transnacionales que podría abrir la puerta prácticas abusivas.

¿Quizás no será más bien al revés y seremos nosotros los que precaricemos el sistema laboral de los canadienses?
Probablemente, pero no será “al revés” sino casi simétrico, es decir, que saldrá perjudicada la clase trabajadora de ambas partes. Los beneficios de este tipo de acuerdos, como demuestra la experiencia, se distribuirán de forma desigual: se incrementará modestamente la renta del capital en detrimento de las rentas del trabajo.

¿Las quejas hacia el CETA no se estarán dando por inercia del TTIP?
En parte sí, claro. Porque el CETA, negociado de forma discreta, pasó desapercibido hasta las revelaciones que se hicieron respecto a las negociaciones secretas del TTIP. Esto llevó la atención también hacia el CETA, que ya estaba en una fase muy avanzada.

Según los defensores del CETA, este tratado no obliga a realizar tantos cambios en la reglamentación europea, como era en el caso del TTIP, y argumentan además que Canadá tiene un marco legal mucho más cercano al europeo, por lo que no veremos afectada nuestra soberanía popular. ¿Es esto verdad?
En algunos aspectos, los estándares canadienses son más parecidos a los europeos, pero en otros se parecen más a los americanos. Es difícil hacer una valoración sin entrar en detalles técnicos. Lo importante es lo que subyace a los tratados comerciales de este tipo: aunque hay medidas que tratan de cubrir los aspectos sociales, lo hacen generalmente de manera ambigua y con puertas traseras por las que se cuelan prácticas cuyo resultado es la privatización y deterioro de los servicios públicos y la rebaja de la normativa laboral, medioambiental, sanitaria, etc.

¿Realmente es tan parecido al TTIP?
En lo esencial, sí. El CETA tiene, posiblemente, una apariencia más inofensiva e incluye algunas salvaguardas más respetuosas con los estándares europeos. Pero el objetivo es el mismo: los beneficios de las empresas que pueden acceder con ventajas a estos mercados transnacionales, que no suelen traducirse en mejoras estables para la vida de la gente.

¿En qué se diferencian?
Aparte del ámbito de aplicación (Canadá / EEUU), la diferencias requieren una evaluación técnica detallada para lo que no contamos con toda la documentación, puesto que el TTIP aún no ha terminado su proceso de negociación, que es secreto. Solo nos lo han dejado consultar parcialmente, en una sala bajo control, a la que no se puede entrar con ningún dispositivo que permita reproducir contenidos y con un compromiso de no revelación de información.

¿Por qué es tan peligroso?
No solo porque sus principales valedores son los lobbies de las grandes multinacionales y su objetivo son sus beneficios, sino porque para ello presionan para modificar la legislación estatal y para liberalizar todos los sectores de la economía, incluyendo los servicios públicos. Esas modificaciones –desregulaciones, en realidad–, a instancias de las multinacionales, y en su favor, ni responden a las necesidades de la gente, ni serán consultadas a la gente, ni son propuestas de la gente a través de sus legítimos representantes.

Y, por si no fuera suficientemente peligroso, quieren que se constituya un tribunal específico al margen de la justicia ordinaria, para resolver las disputas entre las empresas y los Estados, en base a un ordenamiento jurídico global promulgado por entidades supranacionales no democráticas como la OMC, el FMI, etc. Esta normativa sobre comercio e inversiones es la referencia legal para acuerdos como el CETA, hechos a la medida de su codicia.

Las multinacionales no confían en la justicia pública; prefieren tribunales particulares que, atendiendo al ordenamiento jurídico diseñado por ellas mismas, son más favorables a sus intereses. No son pocos los casos de multinacionales que demandan a Estados porque, debido a regulaciones estatales laborales, fiscales o medioambientales, ha obtenido menos beneficios de los previstos.

Así, se impone la lex mercatoria; limitando gravemente el Estado de Derecho, dejándonos indefensos frente al poder de quienes, por esta vía, van acumulando los recursos del planeta, desposeyendo de ellos al conjunto de la humanidad.

El PSOE ha votado a favor del CETA y el eurodiputado Jonás Fernández decía que el hecho de que Le Pen votara en contra del CETA era buena razón para votar lo contrario. Así mismo, igualaba Podemos con el partido de ultraderecha francés por coincidir en el voto. ¿Qué tiene que responder al PSOE como eurodiputada de Podemos?
Ya respondimos en el momento por el mismo canal. Me parece significativo: dada la debilidad de los argumentos políticos, son sustituidos por argumentos torpes para justificar el voto a favor del CETA. No supo estar a la altura de la responsabilidad que ejerce como representante de la ciudadanía. Me pareció muy ilustrativa la respuesta que dio la compañera de IU, Marina Albiol: que lo preocupante no era que, en este caso, nuestro voto coincidiera con el de Le Pen por razones diametralmente opuestas, sino que el voto del PSOE coincidiera con el del PP por las mismas razones.

¿Qué razones argumentan para votar contra el CETA que diferencian a Podemos con un grupo de ultraderecha como el Frente Nacional?

El Frente Nacional vota en contra del CETA para proteger su independencia institucional de las injerencias exteriores, así como los intereses de los productores franceses de la competencia extranjera, sin importarles si su posición internacional supone, a su vez, un abuso para terceros países en otros ámbitos. Es una respuesta ultranacionalista de una formación de extrema derecha, xenófoba, en línea con una política excluyente.

Nosotras votamos en contra del CETA porque no se ha desarrollado democráticamente, y para proteger de la depredación financiera los servicios públicos y los derechos sociales, laborales y ambientales de la ciudadanía, no solo la de nuestro país, sino de toda, porque nuestra propuesta es inclusiva. A diferencia del fascismo o el totalitarismo financiero, nuestras prioridades son los derechos humanos, la justicia social y la democracia radical para todas las personas, independientemente de su nacionalidad.

No es verdad que dada la deriva nacionalista de Estados Unidos, necesitamos firmar nuevas alianzas con otros países, como es el caso de Canadá. ¿Desde Podemos no están de acuerdo en que estrechemos lazos con un país como Canadá?
Claro que estamos de acuerdo. Pero iniciativas como el CETA responden a la voracidad de las entidades financieras y compañías multinacionales que solo defienden el lucro indiscriminado, anteponiendo sus beneficios al bienestar de la ciudadanía. Los acuerdos internacionales deben mejorar la calidad de vida de la población de ambas partes, no solo de los accionistas.

¿Qué modelo defiende Podemos a la hora de establecer alianzas comerciales, sanitarias y ecológicas con otros países?
Pues, cuando menos, un modelo que se desarrolle de forma transparente en los órganos representativos legítimos, que nunca suponga un retroceso en los derechos sociales, laborales y medioambientales –de modo que si hay armonización, que sea siempre al alza– y que cuente con la ratificación de la ciudadanía mediante un proceso de consulta. Es decir, poner el mercado al servicio de la gente, y no al revés.

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