“Los bucles burocráticos acaban dejando a la gente en situación de irregularidad”

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Ágora Alcorcón entrevista a Juan Ávila, miembro de la Asamblea contra el Racismo y por los Derechos de las Personas Migradas y Refugiadas de Cataluña y participante en el encierro de la escuela Massana.

¿Cuál es el germen de este encierro?

Viene de un proceso asambleario que dio comienzo en enero de este año, a raíz de la necesidad que sintieron los colectivos de personas migradas, racializadas y refugiadas, que era la de conmemorar los 17 años de los encierros del 2001 de la Iglesia del Pi en Barcelona. Hubo entonces unos encierros muy significativos, que duraron 43 días y que lograron poner el tema de la violencia racista en el centro del debate político. En esta asamblea del mes de enero, que tuvo lugar en la misma Iglesia del Pi, se llegó a la conclusión de que la violencia racista no ha hecho más que empeorar, de modo que la asamblea mandató configurar una agenda de movilizaciones para los siguientes meses. La primera acción que se decidió fue una protesta frente a las oficinas de extranjería, en la Delegación de Gobierno, para denunciar las trabas administrativas como política de expulsión de las personas migrantes. Hay gente que tiene derecho a residencia, pero por trabas administrativas, es decir, porque es imposible conseguir cita para poder hacer el trámite, termina quedándose en situación irregular.

Otra de las decisiones fue participar en la Asamblea Mundial contra el Racismo que se celebró en Barcelona, y la tercera decisión fue ver la posibilidad de volvernos a encerrar. Hemos estado 3 semanas organizando el encierro y finalmente el sábado pasado celebramos una asamblea que culminó con el encierro que estamos llevando a cabo.

¿Cuáles son las reivindicaciones?

Los puntos que estamos reivindicando son: papeles sin contrato, porque para tener contrato hay que tener papeles, para tener papeles hay que tener contrato, y este bucle sin salida está llevando a la gente a situaciones muy complicadas. Otro punto es derogar la ley de extranjería, que imposibilita que la gente tenga una vida digna. Otro punto es el empadronamiento sin restricciones. Hace un tiempo el Ayuntamiento de Barcelona se comprometió a hacer posible esta medida, debido a su carácter humanitario, porque si no puedes empadronarte, no puedes demostrar arraigo, y si no puedes demostrar arraigo es muy difícil regularizar tu situación. Parece que hay voluntad política pero luego no se materializa. Otro punto es eliminar el examen previo a la regularización, porque creemos que personas que llevan 10 años en el país no deberían pasar un examen-trampa que dificulta su regularización. Por otro lado, reivindicamos el acceso al servicio de salud, que es un derecho universal. Exigimos igualmente una acogida integral de las personas refugiadas, porque se han hecho gestos con motivo de la crisis de los refugiados, pero al final la gente refugiada está viviendo en la calle y siendo víctima de violencia. Por último, pedimos el cierre de los CÍES y la despenalización del top-manta.

¿Os habéis puesto en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona?

Estamos en negociaciones, pero no hemos hecho ninguna reunión formal. En breve nos reuniremos con instituciones locales, autonómicas o estatales.

¿Qué expectativas tenéis?

De aquí no nos vamos hasta que consigamos lo que queremos.

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