DORMIMOS CON MONAGO: ¡NO AL DESAHUCIO DE DOMINGO ROMERO SALAZAR! ¡POR EL FIN DE TODOS LOS DESAHUCIOS! ¡BASTA AL ACOSO A LOS PARADOS Y POBRES!

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Acampada Mérida.- Esta noche, dormimos con Monago, en las cercanías de la lujosa urbanización de Badajoz donde vive. Los Campamentos Dignidad de Extremadura queremos expresar de ese modo nuestra solidaridad con Domingo Romero Salazar y su familia, y exigirle al Presidente del Gobierno de Extremadura que paralice el desahucio de esta familia, compuesta por cuatro adultos y dos menores de edad.

Este ciudadano hace más de tres años que cometió un error (tráfico de estupefacientes) por el que ya ha pagado. Como pueden atestiguar la Guardia Civil, los pastores gitanos, las Asociaciones del barrio, esta familia ha cambiado radicalmente de vida. Hace dos años regularizó completamente la situación de la vivienda y, desde entonces, ha ido pagando los recibos de alquiler, le han renovado la minoración de la renta e incluso la propia Junta de Extremadura le ha ofrecido comprar la vivienda.

Pero a los de arriba no les basta. Su ansia por alentar el rencor social no tiene límites. El día 1 de julio se personaron en la vivienda tres furgones de policía para desahuciar a la familia sin que hubiese habido ningún tipo de apercibimiento ni de comunicación de plazo. Les acompañaba Pedro Escribano, Jefe de Servicio de la VPP en la Consejeria de Fomento y Vivienda. Incluso él, conocedor de la situación, se sorprendía del desahucio y no dejaba de afirmar que la decisión venía de arriba y que él era un mandado. A la familia le dieron 10 días para solventar la situación y ese plazo se cumple el próximo jueves, día 10 de julio.

Es un desahucio ilegal y una canallada. Pero lo más triste es que no es un caso aislado, sino un exponente más de la política general de la Junta de Extremadura. El desahucio sistemático es la principal política de vivienda que el gobierno regional reserva para los parados, pobres y precarios de Extremadura. Es su particular “política de vivienda”. Ahora mismo tiene abierto 1.300 expedientes de desahucio en viviendas sociales provocando el terror en las barriadas más humildes de Extremadura. Esta es la política de Monago, “el barón rojo” del PP. Mientras presume de ser “el verso suelto” de ese partido alimenta descaradamente la máquina del odio de clase.

Está claro lo que buscan. Persiguen avivar el rencor social contra los más pobres, agitar el fantasma de los barrios conflictivos para asustar a una clase media cada día más empobrecida y que cada vez cree menos los embustes de los políticos. Y para ello les vale todo. Presumen de haber desahuciado en la legislatura nada menos que a 111 familias y a lo largo del 2014, a 32. Se saltan la Constitución Española (artículo 47), las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (la última, crucial, la sentencia Yordanova, de que prohíbe el desalojo sin alternativa habitacional) y el propio mandato de la Asamblea de Extremadura que por dos veces ha acordado la paralización de los desahucios. Así, el 26 de julio de 2012, el pleno de la Asamble acordaba instar a la Junta de Extremadura a “paralizar todos los lanzamientos de desahucios previstos sobre el parque público de vivienda de titularidad de la Junta de Extremadura y abrir vías de regularización en los casos de sobreendeudamiento de las familias y en aquellos supuestos en los que existan personas dependientes, menores y ancianos dentro de la unidad familiar”. Y el 25 de abril de 2013 el Parlamento de Extremadura acordaba lo siguiente: “La paralización inmediata de todos los procedimientos de desahucios de las viviendas sociales, cualesquiera que fueran las causas que motivaron el inicio del expediente administrativo, hasta que acabe la situación de crisis actual”.

Pero al gobierno de Extremadura, aunque no dispone de mayoría absoluta, le da lo mismo lo que acuerde el Parlamento, lo que diga la Constitución o lo que disponga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Contra “la morralla” todo vale. Pero se equivocan. No se lo vamos a consentir. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas contra estos atropellos. Utilizando nuestro derecho constitucional a la manifestación y denunciándoles en los tribunales.

Un día no muy lejano tendrán que sentarse en un banquillo. Quienes han echado a centenares de menores a la calle, quienes se comportan de manera más despiadada que los propios bancos, quienes están sembrando tanto dolor en decenas de familias, tendrán que responder ante la ley y el pueblo.

¡POR LA PARALIZACIÓN DE TODOS LOS DESAHUCIOS DE VIVIENDA!

¡NO AL MALTRATO DE PERSONAS Y FAMILIAS PARADAS, POBRES O PRECARIAS!

¡JUICIO Y CASTIGO PARA LOS POLÍTICOS RESPONSABLES DEL ATROPELLO!

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