De la “legalidad” a la Justicia Social

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El pasado 5 de mayo supimos que el Juzgado de Instrucción no 2 de Móstoles había absuelto a las 64 familias del barrio de Las Sabinas de Móstoles del supuesto delito de defraudación de fluido eléctrico, declarando nula toda la prueba conseguida mediante la vulneración del Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio.

Los medios se hicieron eco de la noticia, lo que es de agradecer porque visibiliza los hechos, si bien en la mayoría de los casos se hacía hincapié en que el asentamiento es “ilegal” y que las familias están “enganchadas” o “robando luz”, un lenguaje que lejos de promover la justicia social contribuye a estigmatizar y culpabilizar a las familias que se han visto forzadas a vivir en esta situación.

Ninguna familia vive en una chabola y en un barrio sin acceso a servicios básicos (agua, luz, recogida de residuos) sin equipamientos (colegios, centros de salud) si no es porque ha sido históricamente excluida del acceso a estos derechos fundamentales y se ha visto obligada a autogestionarselos como única alternativa para acceder a los mismos aunque sea de una manera precaria. Si no dime ¿Cuánta gente conoces tú que quiera vivir así?

Vivimos en un mundo en el que los intereses privados pasan por encima de los derechos colectivos recogidos en legados tan importantes como la Constitución. En el Artículo 47 de la misma se declara que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna, pero no sólo eso también se acuerda que los poderes públicos deben de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho y que además deben velar por el interés general para impedir la especulación.

Lo verdaderamente “ilegal” es que en 38 años los poderes públicos no sólo no hayan promovido las normas pertinentes para hacer efectivos estos derechos, lo que ha llevado a que movimientos como la PAH tengan que llevar a cabo ILPs de vivienda, sino que han dictado políticas que han fomentado la especulación en beneficio de una minoría, de los poderes inmobiliario-financieros, en perjuicio de una mayoría que se ha visto obligada a sobrendeudarse o como en el caso de las familias de Las Sabinas a quedar históricamente excluidas de sus derechos fundamentales.

“Si vivo en una chabola hago mal, si ocupo una vivienda vacía estoy haciendo mal y si me quedo en la calle sigo haciendo mal y los servicios sociales se me echan encima. ¿Qué salida tengo? No sé si nos siguen quedando fuerzas a mí y a mi familia para seguir viviendo esto ¿Cuánto tiempo más podremos seguir vagando por la sociedad? Si me dicen que firme mi sentencia de muerte para que me den una vivienda, yo la firmo por mis hijos. Yo estoy intentando hacer las cosas bien, pero nadie me facilita nada. No quiero seguir discriminado, quiero poder salir de mi casa sin vergüenza”

La autotutela de los derechos sigue siendo la única salida que les queda a muchas familias que ven vulnerados sus derechos. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de señalar a los verdaderos culpables y no estigmatizar ni culpabilizar a las víctimas de un sistema que provoca injusticia.

Eva Álvarez 

Asamblea de Vivienda para todas las personas

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