Cártel del fuego: España exporta corrupción a Chile

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Pablo López.-Los incendios han asolado Chile durante el pasado mes de enero. Las regiones de Coquimbo, Los Lagos, O’Higgins, Maule, Biobío, Magallanes y Antártica han sido las más afectadas por el fuego que ha devastado en torno a más de medio millón de hectáreas.

A 30 de enero había más de 120 focos a nivel nacional y el número de damnificados superaba los 3.700. Con más de la mitad de los focos controlados las autoridades chilenas hablaban de más de 1.000 viviendas destruidas y al menos 11 muertos.

Para las labores de extinción se han movilizado a un alto efectivo nacional e internacional que ha contado con unos 7.000 bomberos. Además de empresas privadas.

¿Son provocados estos incendios? Expertos como Hernán Verscheure, coordinador del Programa de Protección de los Bosques del Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) desde hace más de 20 años, expuso en una entrevista a El Siglo que “Chile según el tipo de bosque y ecosistema que tenemos los incendios espontáneos son muy poco probables”. Verscheure asegura que para hacer un incendio así en esta zona es necesario el uso de gasolina o algún tipo de combustible.

El Cártel del Fuego, la supuesta trama española llega a Chile

Cártel del Fuego

supuestas conexiones de empresas y sus contratos

Gracias al reportaje de Carolina Barbera y Jorge Molina para el programa chileno Ahora Noticias hemos podido saber que dentro de las fuerzas que participan en la extinción de fuegos en Chile hay tres españolas acusadas de malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias: Faasa, Inaer y Martínez Ridao. Pese a haber unas 20 compañías que ofrecen servicios para la extinción de incendios estas tres empresas han conseguido en los últimos años licitaciones millonarias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI).

Estas tres empresas españolas, están acusadas de fraude y soborno, formarían una asociación ilícita en España para, supuestamente, ganar concursos públicos no sólo en España sino también en Portugal y Chile.

Una pieza clave de este sistema sería la complicidad de cargos políticos y técnicos. Las empresas sobornarían a altos cargos para conocer los concursos públicos antes de ser divulgados. Y en muchos casos la flota que asegurarían tener no era real. Estas empresas utilizarían una asociación ilícita llamada G-6 para llevar a cabo sus “negocios”.

El Cártel del Fuego opera en Chile mediante las licitaciones presentadas por dos organismos privados: Arauco y Mininco.

De las tres Faasa es la que más rédito obtiene del fisco chileno desde su primer contrato en 2011 con el gobierno de Sebastián Piñeira. Ese año Faasa se hizo con un contrato de 640 millones de pesos anuales por Valparaiso, Maule y Biobío. También Inaer consiguió un contrato por 180 millones de pesos por tres años (2011-2014).

En el año 2014 una empresa aérea chilena presentó un recurso ante la fiscalía nacional de economía chilena por sospechar que Faasa estaría atentando contra la libre competencia en los concursos públicos chilenos. La fiscalía desestimó el recurso y no inicia ningún tipo de investigación.

Ya con el gobierno de Michelle Bachelet se relanza el concurso y Faasa vuelve a adjudicarse Maule por 353 millones de pesos. La chilena Calquin consigue el contrato de Araucanía y Valparaíso A y B por 1000 millones de pesos anuales. Posteriormente Faasa absorbe Calquin. La empresa española se reúne con la DGAC (dirección general de aeronáutica de chile) y la la CONAF para informarles del acuerdo.

En 2015 CONAF decide hacer contrataciones directas (sin concurso previo). La empresa beneficiada sería Martínez Ridao con un contrato de 760 millones de pesos para Araucanía y Valparaíso A y B, pese a haber ya un contrato previo con Calquin. En los contratos se estipulaba que, si se producían incendios, las horas extra se cobrarían a 1,8 millones cada una. Este tipo de acuerdos que benefician a la empresa contratada en caso de desastres naturales de larga duración no están prohibidos en Chile.

La CONAF cerró los contratos con estas empresas a sabiendas de que su modelo supertanquer no sería eficiente en la lucha contra incendios.

La ONEMI también ha contratado directamente y sin concurso a estas tres empresas firmando 10 contratos con Inaer, 7 con Martínez Ridao y 6 con Faasa. El organismo justifica los contratos asegurando que si obviara a las empresas en cuestión estaría teniendo un trato discriminatorio con ellas ya que no hay ninguna condena firme ni tampoco consta que las empresas hayan incurrido en prácticas antisindicales o que violen los derechos de los trabajadores.

El pasado 21 de febrero un fiscal chileno pidió, tras las evidencias de posible delito, datos y antecedentes de estas tres compañías a España.

Grupo 6: el nacimiento del Cártel del Fuego

Nos trasladamos a España para conocer cuándo, cómo y porqué nace le Cártel del Fuego. El Grupo 6 sería la organización criminal que llevaría unos 15 años manipulando la lucha contra el fuego en España, Portugal, Italia y Chile.

El Cártel del Fuego nacería en septiembre de 2001 en Palma del Río (Córdoba) con la participación de Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Martínez Ridao. Después se unirían Cegisa y Trabajos Aéreos Extremeños.

Quince años más tarde la policía encontraría el acuerdo en el que todas las empresas de este grupo consensuaban respetar las zonas de influencia de cada compañía, el pasteleo de concursos públicos autonómicos y la creación de un patrimonio común de aviones.

Se presentaban dejando desiertos los concursos a efectos de incrementar el precio de la licitación, acudiendo a los concursos con tan solo una empresa por el precio máximo de la licitación o presentando varias ofertas que conocían previamente.

De esta manera se configuraría un monopolio o cártel ilegal con el supuesto apoyo o la vista gorda de varios políticos y funcionarios.

Según habrían confirmado las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)  las empresas acordaban sobornos a cambio de no pisar uno el negocio del otro.

Uno de los ejemplos más claros del modus operando fue la entrada del G-6 en el mercado portugués. Según desvela uno de los correos electrónicos fechados en 2009 y filtrados en la investigación el G-6 pactó y diseñó en una cacería de lujo en Manzanares la operación para hacerse con todos los concursos de aviación del Gobierno portugués. Finalmente la oferta se cerraría en 2010 oscilando entre los 380.000 y los 390.000 euros.

La repartición de las comunidades autónomas en 2016 era:Castilla La-Mancha, Galicia y Baleares: Martínez Ridao. Cataluña y Valencia: Avialsa.Andalucía: Martínez Ridao, Espejo y Faasa. Portugal: Cegisa.Castilla y León: Faasa.Canarias: Espejo.

El Cártel del fuego habría obtenido con este modus operandi en torno a 277 millones de euros divididos entre las comunidades deCastilla La Mancha (72 millones), Extremadura (49 millones), Comunitat Valenciana y Catalunya (47.5 millones), Andalucía (36.5 millones) y Baleares (11 millones) además de 61 millones en licitaciones con el Ministerio de Medio Ambiente.

La desgracia de los incendios se transformaría en un negocio para estas empresas. ¿Es ético que empresas privadas se lucren del desastre de los incendios? ¿Cuántos negocios se pueden hacer de la devastación de los incendios?

Avialsa la puntita de una presunta trama corrupta internacional

Según un estudio del Observatorio de Contratación Pública de la Universidad Complutense de Madrid, ya hay sospechas de irregularidades en la adjudicación de prevención de incendios a Avialsa desde los ejercicios de 2004 y 2005.

Varios expertos afirman que es extraña la coincidencia entre licitación y oferta. Los empresarios se habían agrupado en una gran sociedad que durante años que se habría dedicado en exclusiva a este fin.

Sería en 2015 cuando el ex gerente de Avialsa, Antonio Alandí, denuncia al delegado de Anticorrupción en Valencia, el fiscal Vicente Torres, una supuesta trama para repartirse concursos en España y Portugal pactando precios bajos, manipulando subastas y usando sobornos a políticos y funcionarios.

Los primeros indicios se destaparon tras los supuestos regalos de lujo e invitaciones a cacerías a Serafín Castellanos, delegado del Gobierno en Valencia. Según El Mundo, la UDEF habría recopilado el pasado año 2015 datos sobre una red internacional de mordidas relacionadas con la extinción de incendios forestales.

Cohecho, delito fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y alteración de precios de concursos y subastas públicas son los presuntos delitos investigados. Las consecuencias fueron 13 registros y nueve detenciones en 2015.

Entre los detenidos se encontraría Vicente Huertas (presidente de Avialsa) y el alcalde de Quartell, Francisco Huguet y su número dos, Emilio Máñez, ambos de la máxima confianza de Castellano dentro y fuera del PP y con los que Huertas tenía una estrecha relación. El propio Serafín Castellano también fue imputado y cesado del cargo por Gobierno de Mariano Rajoy.

Huertas admitió ante el juez que él hacía regalos a funcionarios y políticos porque “era lo habitual, casi una costumbre”.

Tras 43 años de concesión, y verse los últimos envuelta en supuestos casos de corrupción, Avialsa había decidido no presentarse al concurso. Sus 15 aeronaves fueron compradas por Faasa y MartinezRidao, una condición indispensable para que ambas compañías optaran con garantías al proceso.

Faasa ganaría la licitación con una rebaja de 200.000€ sobre el contrato anterior y empezaría a operar desde este 1 de marzo de 2017

A día de hoy hay más de una veintena de personas imputadas entre los que se encuentran empresarios del Grupo 6, representantes de la Asociación Española de Compañías Aéreas, políticos y funcionarios valencianos (Serafín Castellano, Pedro Hidalgo) y catalanes (Xabier Palmés, ManelBosh y Ramón Dinares)

Faasa envuelto en sospechas de malversación por 4,5 millones de euros

El pasado mes de diciembre conocíamos por El Diario que la Policía Nacional había detenido a uno de los directivos de la cúpula de Faasa.

Su vicepresidente fue puesto a disposición judicial e imputado junto al presidente de la compañía aérea. Esta imputación viene semanas después de que la policía concluyera en un atestado que Faasa habría malversado 4.517.000€ en ayudas públicas abusivas e irregulares.

A los dos imputados se les atribuye delito de estafa y falsedad documental con la finalidad de obtener fraudulentamente subvenciones de formación, empleo y fomento de la Junta de Andalucía.

Entre las irregularidades detectadas por los investigadores de la policía se encuentran la falta de fiscalización de las subvenciones, obviar algunos requisitos que eran necesarios, hacer facturación en cadena, duplicidad de gastos y engrosar tanto las nóminas de los directivos, como las de los profesores que impartían los cursos de aviación y mecánica.

Inaer y el efecto boomerang con helicópteros y contratos

Inaer no se libra tampoco de los supuestos casos de corrupción que envuelven a las principales empresas del Grupo 6. La Fiscalía investiga por prevaricación a Rosa Quintana como Conselleira de Medio Rural e do Mar al contratar helicópteros con la empresa.

De los nueve contratos de servicios aéreos de salvamento contraincendios en Galicia entre 2007 y 2012 adjudicados por 63,8 millones de euros, siete de ellos por 62 millones fueron para Inaer en solitario o en asociación con otras firmas.

Además de los contratos se investiga la venta y posterior alquiler de dos helicópteros de salvamento comprados en 2005 por 27 millones de euros, vendidos por 4 y luego alquilados a la propia Inaer por 34 millones.

Por un “error de cálculos” la Xunta no planificó bien el fin de contrato con Inaer en junio de 2009, lo que forzó una renovación hasta marzo de 2010 cuando Inaer se volvió a llevar el concurso por 15 millones para los próximos dos años.

En mayo de 2011, ocho meses antes de que acabara el contrato, la junta lo rescindió argumentando que era caro y buscaría una opción mejor. No obstante, diecisiete meses más tarde vendieron los helicópteros a Inaer y les encargó seguir operando hasta 2017 por 8.9 millones al año (1,4 millones al año más que el anterior contrato).

A día de hoy la Xunta de Galicia no tiene helicópteros y de necesitarlos debería alquilarlos por ejemplo a Inaer.

El Juzgado número 3 de Santiago y la fiscalía han hallado indicios de prevaricación en la adjudicación del servicio de extinción de incendios a la empresa Inaer.

La investigación surge tras denuncia de Pladesemapesga (Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia) a Rosa Quintana, Conselleira de Medio Rural e do Mar, por supuesta contratación a dedo los servicios de Inaer por valor de 6,6 millones en 2016.

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