buenas noticias abril 2014

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Buenas noticias de abril

• Iwao Hakamada, el preso que más tiempo llevaba condenado a muerte en todo el mundo, ha sido puesto en libertad de manera provisional, después de pasar 45 años de su vida en la cárcel esperando la muerte, sin saber si cada nuevo día sería el último de su vida.Aunque todavía queda por delante otro posible juicio, por fin ha salido de la cárcel y se ha reunido con sus seres queridos.

 Otra buena noticia

• Mª Dolores de Cospedal tendrá que readmitir a los 500 funcionarios a los que despidió en agosto de 2012 dentro de su política de recortes. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a los sindicatos UGT y STAS, que recurrieron los despidos, y ha anulado las dos órdenes por las que se prescindió de los trabajadores. Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el gobierno autonómico infringió la negociación.

 Y no solo 2, en abril hay 3 buenas noticias

El Consejo del Poder Judicial considera de dudosa constitucionalidad muchos de los artículos más controvertidos del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y propone su supresión o una nueva redacción. El informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), y que dentro de un mes votará el pleno del Consejo, plantea que el texto elaborado por el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial y rechaza que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público.
Los redactores del informe sostienen que la regulación de la identificación de personas, es de “dudosa constitucionalidad” así como la posibilidad de practicar detenciones por “faltas penales o infracciones administrativas”. Los vocales cuestionan que se pueda realizar un cacheo “para sancionar una infracción”, además de considerar “incompleta e imprecisa” esta práctica, al no excluir “los desnudos, siquiera parciales”. También rechaza que empresas y empleados de seguridad privada colaboren en disolver reuniones y manifestaciones. Y para los menores de edad se recomiendan sanciones reeducadoras, no económicas. Y ve excesivo penalizar los llamados escraches.

 

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